La triste realidad del mundo moderno es que el orden internacional basado en reglas es una fachada hueca, que se desmorona bajo el peso del poder crudo. Esto es más evidente en el caso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su gobierno en su campaña contra los palestinos, descrita como asesinato masivo y terrorismo. A pesar de las instituciones legales internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), estas son impotentes frente a estados poderosos y sus aliados. La emisión de órdenes de arresto, veredictos y resoluciones no es más que un gesto simbólico, sin consecuencias reales. El derecho internacional es nulo para figuras como Netanyahu, y el sistema global está gobernado por la ley de la selva, donde el poder hace el derecho y la civilización humana es solo una fachada sobre la barbarie.
La CPI, creada para procesar a individuos por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio, carece de fuerza frente a actores poderosos. Puede emitir órdenes de arresto contra Netanyahu o su administración, pero estas son inaplicables en la práctica. Los líderes occidentales, que defienden la misión de la CPI en retórica, carecen de voluntad política para actuar. Estados Unidos, el aliado más firme de Israel, lo protege mediante vetos en el Consejo de Seguridad de la ONU o presión diplomática. Otros países occidentales, temerosos de tensiones geopolíticas, siguen el ejemplo, volviendo inútiles los esfuerzos de la CPI. La justicia es selectiva, aplicada solo a quienes carecen de poder. Para los palestinos, que han soportado décadas de violencia y opresión, el fracaso de la CPI es un recordatorio de que la ley se doblega ante los poderosos.
La CIJ, encargada de resolver disputas entre estados y emitir opiniones consultivas, es igualmente impotente. Puede condenar las acciones de Israel— asentamientos, anexión de tierras o uso desproporcionado de la fuerza en Gaza— pero sus fallos no son vinculantes. Israel, respaldado por Estados Unidos y potencias occidentales, ignora los dictámenes de la CIJ sin temor. La incapacidad de la corte para obligar revela la fragilidad del derecho internacional frente al poder militar y diplomático. Para los palestinos, los veredictos de la CIJ son victorias morales fugaces en un mundo que se niega a responsabilizar a los opresores. La violencia continúa, y la ley resulta ser una promesa vacía.
La AGNU, a pesar de su apariencia democrática, muestra la impotencia del derecho. Ha aprobado innumerables resoluciones que condenan las acciones de Israel—ocupación, bloqueo de Gaza, matanza de civiles. Estas resoluciones, apoyadas por mayorías, reflejan un consenso global sobre las violaciones de Israel. Sin embargo, no son vinculantes, carecen de ejecución. El Consejo de Seguridad, donde reside el poder real, está paralizado por el veto de Estados Unidos, que protege a Israel. Las resoluciones de la AGNU son gestos, que se acumulan como cartas olvidadas. Para los palestinos, no ofrecen alivio ni fin al sufrimiento causado por un estado que opera con impunidad.
Las implicaciones son aterradoras: el orden basado en reglas está muerto. La justicia, la igualdad y la responsabilidad son ficciones para los poderosos. Estados Unidos y sus aliados, autoproclamados guardianes de la moral global, revelan su hipocresía al aplicar la ley selectivamente. Apoyan a las instituciones cuando les conviene e las ignoran cuando no. Este doble estándar es claro para el sur global, que ve el sistema como una herramienta de hegemonía. La lucha palestina es un microcosmos: el mundo está gobernado por el poder. El fracaso en responsabilizar a Netanyahu es un síntoma de un mal mayor—un mundo donde la ley es un arma de los poderosos, no un escudo para los vulnerables.
La civilización humana, con sus ideales de progreso y derechos, es frágil. El sufrimiento palestino, recibido con indiferencia, subraya la ausencia de un orden civilizado. Vivimos en un mundo donde el poder determina la verdad, los fuertes cometen atrocidades y los débiles suplican justicia. El fracaso en responsabilizar al gobierno de Netanyahu revela un mal más profundo—un mundo regido por la ley de la selva, donde la civilización es un mito.
En conclusión, la difícil situación de los palestinos bajo las políticas de Netanyahu expone la vacuidad del derecho internacional y el mito del orden basado en reglas. Las órdenes de la CPI, los fallos de la CIJ y las resoluciones de la AGNU carecen de sentido sin acción occidental y con el apoyo de Estados Unidos a Israel. El sistema global, lejos de ser civilizado, opera según la lógica del poder. Para los palestinos, esto es una realidad de violencia y desesperación. La ley de la selva prevalece, y hasta que el mundo enfrente esta verdad, la justicia seguirá siendo un sueño inalcanzable para quienes más la necesitan.